Por: Manuel Retamal Jara
La derecha en todas sus modalidades, así como los partidos que defienden el modelo, seguirán utilizando la seguridad y el orden público con fines electorales, para seguir ganando elecciones durante mucho tiempo. No hay posibilidad de solucionar el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro y diversos delitos con una dotación nacional, que apenas supera los 50.000 carabineros, y aunque se incorpore al ejército, no es suficiente, pues la dotación disponible de militares no supera los 7.000 efectivos en todo el país, para este tipo de operativos. Sin embargo, en Chile hay 260.000 guardias privados o vigilantes, según la asociación de empresas de seguridad privada y de transportes de valores.
En Chile, existe una política de Laissez Faire (dejen hacer), la cual permite que las diversas manifestaciones delictivas, se agraven sin control, ni voluntad política efectiva para abordarlas, lo que afecta la seguridad rural y urbana en los diversos sectores populares, permitiendo que el Lumpen actúe como política de Estado con el propósito de centralizar la opinión pública, en torno a la seguridad, en detrimento de los derechos económicos de la población, los cuales pasan a un segundo plano e impiden que el país se movilice para reivindicar sus derechos económicos y sociales.
Modelos como el Stop, índice de cobertura policial, los consejos comunales de seguridad pública y el plan cuadrante, carecen de efectividad real en la prevención y reacción ante diversos delitos. El Estado ha abandonado esta materia, limitándose a reprimir movilizaciones pacíficas, pero ante la amenaza de bandas organizadas, el contingente, equipamiento y medios son insuficientes.
Los gobiernos neoliberales, a pesar de promulgar leyes, seguirán sobrepasados, ya que la seguridad y orden público, requieren al menos 120.000 efectivos policiales, para alcanzar un contingente similar al de España, donde hay 5,3 policías por cada 1.000 habitantes y en Chile apenas contamos con 2,5.
Para mejorar la seguridad y el orden público, también es fundamental fortalecer un modelo de inteligencia que aborde estas incivilidades. El Estado obligatoriamente, debe triplicar la inversión actual, medida que no se va a tomar, ya que eso implica elevar impuestos o endeudarse como Estado para tener una solución a largo plazo. Sólo una fuerza política, que cambie la institucionalidad, el Estado y el modelo económico, puede responder a esta demanda legítima de los sectores populares, por el derecho a vivir en paz. Este es un problema político que quienes gobiernan no lo van a solucionar, pues es rentable para las empresas privadas de seguridad, es clave electoral para ganar elecciones, además hay un beneficio publicitario y comunicacional.
Un gobierno popular, que cambie el Estado, debe abordar sin traumas esta situación, que afecta a los sectores medios y más populares de Chile, ya que el lumpen que se asocia para delinquir, secuestrar y traficar, es un sector reaccionario funcional a la elite económica del país, con la cual se justifica violaciones a los derechos humanos y la represión hacia los dirigentes sociales.
Para enfrentar esta situación, y junto con elevar la inversión en seguridad y orden público, necesitamos profesionalizar y aumentar la dotación de fuerzas especiales para perfeccionar, crear y fortalecer unidades dedicadas a la inteligencia y estrategia, unidades en operaciones especiales, tener unidades regionales y nacionales antidrogas, avanzar en una dirección nacional antiextorsión y secuestro, y levantar una dirección nacional contra la delincuencia organizada. Estas medidas, junto a otras, deben ser abordadas para la liberación popular de Chile y por el derecho a vivir en paz. Aquí tenemos que considerar, que el régimen político vigente no avanzará en materia de seguridad, tanto en lo punitivo como en lo preventivo, permitiendo un ‘dejen hacer’ para tener controlada a toda la población civil, desde el campo a la ciudad y desde el mar a la cordillera.