Esta semana, el Gobierno presenta ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en Chile. Como matrona y feminista, pero también como política comprometida con los derechos humanos y la justicia social, si bien considero esta acción llega tarde por parte del gobierno y sus promesas, no puedo sino respaldar con fuerza esta iniciativa que aborda una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes de nuestro país, estando atenta a cada propuesta que este haga.
Hablar de aborto aún incomoda. Sigue siendo un tema tabú, secuestrado por discursos moralistas que nos reducen a úteros caminantes, negándonos el derecho básico a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Pero hoy más que nunca, debemos elevar el debate desde el sentido común, desde la evidencia científica y desde la experiencia concreta en la atención de salud.
El aborto no es una excepción. Es una realidad. Las mujeres abortan, en Chile y en el mundo. La diferencia está en si lo hacen en condiciones seguras, con respaldo del sistema de salud, o en la clandestinidad, arriesgando sus vidas. La penalización no ha frenado los abortos, solo los ha vuelto más peligrosos. Lo que sí salva vidas es el acceso a información, a anticonceptivos, a educación sexual integral y, sí, también al aborto seguro.
Desde una perspectiva sanitaria, el aborto es parte del continuo de la salud sexual y reproductiva. No reconocerlo así es irresponsable. Como matrona, he acompañado a mujeres en decisiones profundamente íntimas, complejas y dolorosas. Ninguna mujer desea llegar a un aborto por capricho. Lo hacen porque su vida, su salud o su proyecto vital lo requieren. Criminalizarlas solo perpetúa la violencia institucional.
Además, la prohibición ha generado un mercado negro de pastillas, de información distorsionada y de prácticas ilegales que terminan afectando, sobre todo, a las más pobres. Esta es una cuestión de salud pública y de justicia social. Negarle a una mujer el acceso a un aborto seguro es, en los hechos, condenarla a un riesgo evitable.
Y aquí algo fundamental: estar a favor o en contra del aborto no te hace de izquierda ni de derecha. No permitamos que políticos o ideologías polaricen una conversación que debe estar guiada por la información, los derechos humanos y la empatía. Esta discusión no es sobre moral personal: es sobre salud, sobre libertad y sobre justicia.
Hablar del aborto es hablar de sexualidad y reproducción con enfoque de derechos, de salud pública, y también de un mercado negro peligroso que opera en la sombra del abandono estatal.
La ley que se discute hoy no obliga a nadie a abortar. Solo garantiza que quien necesite hacerlo, pueda hacerlo en condiciones seguras y dignas. Hablar de aborto es hablar de libertad, de salud, de justicia y de democracia.